La ONU defiende el derecho de las personas con discapacidad a votar, casarse o formar una familia
El Comité sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad de la ONU afirmó este martes que existe "un
malentendido general" de los países sobre la capacidad jurídica de las
personas con discapacidad.
Así lo destacó este Comité al hacer pública dos Observaciones
Generales sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, en las que subrayó que la capacidad
jurídica no depende de "evaluaciones discriminatorias sobre la capacidad
mental" y que la accesibilidad es fundamental para el disfrute de los
derechos humanos en igualdad de condiciones."El respeto a la libertad de tomar decisiones debe concederse a todas las personas con discapacidad, sin importar cuánto apoyo necesitan", dijo Theresia Degener, del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En este sentido, Degener señaló que las personas con discapacidad, "incluidas las personas con deficiencias psicosociales o cognitivas, deben contar con apoyo en la toma de decisiones", incluso cuando se piensa que en su "interés superior".
Así, el artículo 12 de la Convención consagra la igualdad de reconocimiento ante la ley, afirmando que "los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida".
"En la práctica, sin embargo, a muchas personas con discapacidad se les niega la capacidad jurídica, a menudo sobre la base de evaluaciones de las capacidades mentales, y se ven privadas de los derechos fundamentales, incluido el derecho al voto, el derecho a casarse y fundar una familia, y el derecho a la libertad", añadió el CDPD.
OBLIGACIÓN DE LOS ESTADOS
A este respecto, el Comité aseguró que "hay un malentendido general de las obligaciones de los Estados con arreglo al artículo 12 y una falta de reconocimiento de la importancia de 'la toma de decisiones con apoyo'". En cambio, "la toma de decisión sustituida", que insta a los demás a hacerlo en nombre de la persona con discapacidad, es "común" en los casos tutela o en las leyes de salud mental que permiten el tratamiento forzado.
Por ello, el CDPD, que supervisa la aplicación de la Convención, se ha visto obligado a aclarar las obligaciones de los países conforme al artículo 12 de este instrumento jurídico internacional, al señalar que "están obligados a proporcionar a las personas con discapacidad una amplia gama de apoyo que puedan necesitar para tomar decisiones que tienen efectos jurídicos".
"El apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica debe respetar los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad", señala la Observación General del CDPD, que reconoce que a veces no es posible determinar exactamente lo que quiere un individuo, pero, en estos casos, se deben tomar decisiones sobre "la mejor interpretación de su voluntad y sus preferencias", en lugar de basar las decisiones sobre lo que se considera el "interés" de la persona.
ACCESIBILIDAD PARA TODOS
Por otro lado, el CDPD subrayó que "la toma de decisiones con apoyo" está estrechamente ligada a la accesibilidad de los servicios, la información y la comunicación recogida en el artículo 9 de la Convención.
En su Observación General Número 2, el Comité recalcó la importancia de la accesibilidad porque permite que las personas con discapacidad puedan disfrutar y ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás.
De hecho, indica que las personas con discapacidad se enfrentan a muchos obstáculos, por lo que considera "importante que la accesibilidad se aborde en toda su complejidad y abarque el entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, y los servicios".
En este sentido, la Observación General destaca que bienes, productos y servicios que se prestan al público deben ser accesibles a todos, sin importar si son de propiedad o prestados por una autoridad pública o por una empresa privada.
"Todos los productos nuevos, instalaciones, infraestructuras, tecnología y servicios deben ser diseñados para ser totalmente accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados deben establecer también plazos definidos de asignar los recursos adecuados para eliminar las barreras existentes. Las medidas de austeridad no son una excusa para no garantizar la accesibilidad gradual de las personas con discapacidad", enfatiza.
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